La Junta de Castilla y León deberá reparar económicamente los daños medioambientales causados por la caza de lobos y ha sido condenada a pagar 842.751 euros. Es la cantidad correspondiente a una indemnización que fija 9.261 euros por cada uno de los 91 ejemplares de lobo abatidos en el plan de aprovechamiento cinegético 2016-2017.

Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) contra la resolución de 29 de julio de 2016 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del Duero para las temporadas 2016/17, 2017/18 y 2018/19.

Un nuevo varapalo judicial para la Consejería de Medio Ambiente, también condenada al pago de las costas procesales, valorado en 3.000 euros. Si bien, el fallo no es firme y cabe interponer recurso de casación.