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31/05/2005
¿Por qué se negoció y aprobó esta ley de flora y fauna silvestres que tanto daña al cazador en Andalucía? ¿Quién, o quienes se benefician?

Fracasos, decepciones y disconformidad por los resultados de la ley aplicada de la flora y la fauna silvestres en la temporada 2004-2005. Revuelo, malestar y desencanto en asociaciones, peñas y sociedades de cazadores federadas.

La frustración estaba pronosticada. Esta ley en la que se mezclan, fauna, flora, caza, pesca; legislación sobre propiedades agrícolas y forestales, públicas y privadas. Todo este compendio de cosas y otras de carácter más o menos similar, todo asociado, no puede funcionar. Se contradice y se distorsiona por si misma; procesándose hacia un desconcertante descalabro futuro y en la que ni siquiera los propietarios de terrenos ‘no acotados’, podrán hacer uso de la caza en sus propiedades; limitación esta de ilógica y tal vez inconstitucional, pues la ley en materia de derecho civil general, es competencia del Estado y no de la Autonomía. Creo entender.

Trayectoria

En nuestras manos estuvo la proyección de una ley de caza para Andalucía por ‘Iniciativa popular’. Siendo contundentemente apartada, rechazada y sustituida por la actual de flora y fauna silvestres. Este propósito de ley de caza de no haber sido abortado el proyecto y haberse concebido, hoy día, la “Ley de caza Andaluza” simbolizaría el orgullo democrático que ostentaría y representaría con dignidad al pueblo andaluz. En la misma trayectoria de contenidos, presentó también propuesta de Ley de Caza de Andalucía en la Mesa del Parlamento Andaluz y como alternativa, el Partido Popular de Andalucía; en la que se recogía una futura ley con grandes perfiles democráticos, de sensatez y justicia. En la que imperaba la prioridad en todo su manifiesto y con gran sentido común la creación de cotos sociales, recogido en su artículo 17; también contemplándose en el artículo 11, la continuidad de caza en terrenos de aprovechamiento común; así como, argumentos importantísimos que hubiese cambiado el ritmo y trayectoria descerebrada que transformó un proyecto de ley de caza en una legislación de flora y fauna silvestres. Esta ley atenta contra las bases fundamentales de la persona en un estado de derecho; quiebra conceptos de propiedad privada en ámbitos rurales; expropia sin compensaciones y vulnera los principios de presunción de inocencia, responsabilizando a propietarios de terrenos de lo acontecido en sus tierras. En consecuencia, es exclusivamente necesario se regule solo la actividad cinegética, al igual que el resto de las autonomías del país. Considerando con total seguridad, que la caza en Andalucía dispone en la actualidad de su propio peso especifico como para regirse y legislarse.

Al comienzo de las conversaciones programadas hacia la actual ley de flora y fauna silvestres, supuestamente existió complot de borradores y posibles enmiendas preparadas por altos cargos del Grupo socialista y la Federación Andaluza de caza, que en resumidas cuentas y ahora, no vienen al caso explicar con detalles, por tratarse de comentarios populares muy extensos; aunque no exentos de fundamento lógico. Los cazadores nos preguntamos ¿qué ocurrió para que la Federación Andaluza de caza contraria a esta ley diese un giro tan radical y aceptara la propuesta socialista? Hemos podido averiguar, según datos rescatados de vox populis, la existencia de conjeturas surgidas en ese inesperado retroceso negociador que abre incógnitas comprometedoras contra la Federación Andaluza de caza y que dejan mucho que desear. En esta misma línea, se cuestiona por una de las partes la posible eliminación del campo andaluz de miles de cazadores, al quedar prohibida la caza en terrenos de aprovechamiento común. Naturalmente, afectaría a cazadores de bajo recurso económico. Las victimas de siempre; de las que no interesan y como así sucedió. Evidente es también, que una parte importante de ellos serían captados por la Federación Andaluza de caza al quedar cerradas todas las vías de acceso y prohibida la caza en los terrenos citados, una vez impuesta esta indigesta y prepotente ley que ha concluido arrasando las ilusiones de miles de cazadores andaluces al recaer sobre ellos esta política de exterminio.

En este sentido, la estrategia podría dar resultado, ya que el número de asociados federados podría aumentar cuantiosamente y por consiguiente enriquecería aun más el arca patrimonial y financiera de la Federación andaluza de caza.

Esta entidad dispone en estos momentos de presupuesto económico anual que puede alcanzar cómodamente cifras imprevisibles e importantes. Naturalmente proveniente de licencias, tarjetas federativas varias, tarjetas visa del cazador, mutuas, seguros, negocios en cotos de caza y la tributación de más de 100.000 socios; además de subvenciones y aportaciones económicas oficiales que desconozco, y seguramente también y por añadidura, exentas de cargas fiscales.

De inmediato, la Federación Andaluza de caza pone en marcha un dispositivo bien planificado para la captación de 75.000 firmas que les exigía la Consejería de Medio Ambiente y Grupo socialista para emprender negociaciones y poder aportar borradores y enmiendas. Inicia una campaña dirigida a todos los cazadores andaluces, advirtiéndoles, que de no cumplirse este requisito el riesgo de pérdidas de derechos estaba asegurado. Como así fue. Desapareció en su totalidad la plataforma que recogía los derechos básicos y fundamentales del cazador.

La respuesta no se hizo esperar. Según nos consta, se recogieron entre 300 y 400 mil firmas. A partir de ese momento, los cazadores habían cumplido con las exigencias de Medio Ambiente, Grupo socialista, y confiados, dejaban en manos de la Federación Andaluza de caza la negociación de la ley.

Durante el transcurso de las reuniones, comenzó el chapuceo de borradores, enmiendas remiendos, etc.; comenzando a gestarse el embrión que daría paso al engendro actual convertido en ley.

Aprobación

Una vez despejado de la mesa toda sombra de borradores y proposiciones de leyes anteriores, se aprobó por unanimidad la propuesta de ’Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y fauna silvestres’ de Andalucía por todos los asistentes de la mesa. Por un lado, los ecologistas asistentes salieron satisfechos y orgullosos, viendo elevado aún más su listón. El señorío socialista se apuntaba un tanto triunfante por la creación en Andalucía de una ley polivalente que daña hasta la saciedad en las entrañas mas profundas del cazador modesto. Haciendo eco y honor al nuevo caciquismo de la izquierda obrera española en Andalucía; ya convertida ésta en su feudo histórico. Por su parte, la Federación Andaluza de caza y según manifestó su actual secretario general, se había logrado por fin en Andalucía una ley sobre la flora y la fauna silvestres, felicitando y dando la enhorabuena a todos los cazadores federados. Los mismos que tal vez no muy tarde, le den la espalda o se les revuelvan como a gatos que le pisan la cola.

Recuerdo el comentario de un cazador, me decía haberle dicho un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente, como había presenciado y escuchado parte de las negociaciones y la vergüenza ajena que sintió. Oyendo las formas y maneras de como se estaba negociando, utilizando y manejando a los cazadores.

La noticia del desengaño fue recibida como un jarro de agua fría por los más de trescientos mil cazadores andaluces que habíamos puesto toda nuestra confianza en la Federación Andaluza de caza; encorajados por la jugarreta, engañados y sobre todo lo mas importante; el despreciable manejo y falta de respeto a nuestras propias firmas.
Es intolerable y aberrante como han tratado a los cazadores andaluces y el juego sucio utilizado.

Las disposiciones generales la componen 86 artículos. El texto del contenido parece haber salido de un gobierno que ejerce una dictadura férrea y radical. Solo falta aplicar la pena capital. Es incomprensible e insólito, como estos señores socialistas y responsables federados andaluces se hayan atrevido a elaborar a nuestras espaldas una ley tan destructiva para el cazador modesto que ostenta la mayoría absoluta en Andalucía.

A partir de ese momento y ante la impotencia, se pone en marcha un dispositivo de lucha a través del ’Defensor del Pueblo Andaluz’, abriéndose expediente núm. 04/2580 contra la Junta de Andalucía - Consejería de Medio Ambiente -, adjuntándose nuevamente miles de firmas donde reivindicamos enérgicamente nuestros derechos a una Ley de Caza justa, democrática y sin distinción de clases. Se han mantenido numerosas reuniones en diferentes ciudades andaluzas y ayuntamientos donde muestran su total apoyo a los cazadores; aprobándose por unanimidad en plenos municipales y posteriormente remitidos a la Junta de Andalucía.

Adecaza, asociaciones de cazadores y partidos políticos, están trabajando para intentar adaptar el ‘Reglamento de Ordenación de la Caza’ a la problemática surgida. Antes del resultado final, podría producirse el pistoletazo decisivo para el comienzo de manifestaciones populares de cazadores en Sevilla ante el Parlamento Andaluz.


Resultado y fracaso

La negatividad suscitada en esta ley ha sido recogida a final de la temporada de caza 2004 - 2005 con datos fehacientes y con el siguiente resultado:

Existe desconcierto desmesurado ante tanta presión legal. Esta repercusión de ignorancia contribuye en la mayoría de las veces a cometer infracciones involuntarias. La aparición de la anarquía especulativa ha producido la alarma social, recogiendo todo el tejemaneje existente en los cotos de caza. La sombra de economía sumergida y especulativa está latente, agravando aun más la situación. La especulación está servida de forma alarmante, tanto es así, que desde la venta inicial del producto, su trayectoria y final del mismo, han desfilado numerosos intermediarios. Naturalmente recayendo hacia el usuario final el resultado del negocio que coincide siempre y desgraciadamente, sobre el pobre cazador modesto, ese al que le han arrebatado sus terrenos libres donde practicaba la caza. Y donde sus predecesores desde tiempo inmemorial, disfrutaron de la caza cada temporada. Cierto es que los tiempos cambian y la caza se ha ido transformando, adaptando y entendiendo como un aprovechamiento ordenado y respetuoso del recurso natural a renovar. Como también debe ordenarse y respetarse ofreciéndose nuevas alternativas hacia los cazadores con menos recursos económicos. Y así están las cosas, la situación bulle, pues no son cuatro ni cinco cazadores en estas circunstancias, sino miles, los que quedan en esta situación de desamparo.
A veces nos preguntamos ¿por qué tanto maltrato social en estos tiempos democráticos? ¿Qué pretende con nosotros este arcaico gobierno andaluz para imponernos y prohibirnos el disfrute de nuestros derechos? Nuestros gobernantes a partir de ahora deberán recordar estos hechos al final de la memoria legislativa. En este caso, estos miles de cazadores nunca olvidarán la implantación por decreto de esta bochornosa ley. De eso pueden estar seguros. En esta misma línea de cosas, también estamos convencidos de que muchos políticos y altos cargos federativos, en estos momentos se sentirán culpables de los errores y daño moral que han cometido contra el colectivo de cazadores andaluces. Nuevamente y desde este balcón de libre expresión, rogamos reconsideren la problemática creada y traten de rastrear soluciones para recolocar nuevamente al cazador andaluz en el puesto que por derecho legal le corresponde.

José Carlos Taviel de Andrade Ruiz
Sanlúcar de Barrameda