Una pequeña comisión de la Asociación Canaria de Entidades de Caza (ACEC) se reunió el pasado día 7 de diciembre de 2011 con la Dirección General de Protección de la Naturaleza, del Gobierno Regional Canario, para pedir una nueva Ley de Caza para Canarias.

El Director General, D. José Fernández Pérez, atendió con gran interés en un ambiente de gran cordialidad, las explicaciones y documentos que avalan la petición y, las deficiencias que padece la Comunidad Canaria en materia cinegética según la ACEC.

El marco de la legislación básica estatal sobre medio ambiente, contenido en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, que fundamentó la actual y obsoleta Ley de Caza de Canarias fue derogado por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Partiendo de ese hecho, la cacería en Canarias no podrá nunca convertirse en un medio de conservación como reconocen los organismos internacionales su función. Además, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, contempla la caza sostenible como una actividad que contribuye al desarrollo y economía de las gentes del campo. En contraposición, no se ha llevado a cabo ni una sola medida en ese sentido.

Por otra parte, mientras los cazadores pagan a las Administraciones por la licencia de caza y se les identifica por ese documento, no tienen derecho a estar presentes en los órganos colegiados de la Administración, como son los consejos insulares y regional de caza. De todos los representantes que debaten propuestas y asesoran en materia de caza, ni uno sólo está por la licencia de caza que ostenta. En esa línea, las sociedades de cazadores -asociaciones sin ánimo de lucro- que nacieron a principio del siglo pasado para defender a sus cazadores, la cacería y gestionar el territorio, han sido fagotizadas por las federaciones deportivas convirtiéndose en meros clubes deportivos. Por supuesto, siempre otra vez, desde los sufridos bolsillos de los cazadores a los que se les hace obtener una segunda licencia, en éste caso la licencia deportiva/ federativa cuando no es necesaria para practicar la caza. Según la ACEC, lo curioso del asunto es que estas entidades privadas deportivas no tienen entre sus fines los de la legislación de la materia, aunque algunos se empeñen en meterlas con calzador: el fomento, la protección, y el conservar y aprovechar ordenadamente los recursos cinegéticos, armonizándolos con los diversos intereses afectados y con la preservación y mejora de los hábitats de las diferentes especies objeto de la caza. Tampoco, la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, establecido en el artículo 45.2 de la Constitución.

La ACEC denuncia que los cazadores se encuentran con un inmenso campo lleno de jueces, árbitros y competiciones bien definidos, mientras la cacería sigue sin rumbo. Se les quita la identidad a los cazadores, a sus sociedades y no se fomenta la educación, concienciación, formación e información del colectivo. Las administraciones no tienen departamentos para la caza, ni los cazadores organización propia que los defienda como tales.

Desde el año 2008 la ACEC viene exigiendo la redacción y aprobación de una nueva Ley de Caza de Canarias que suponga una reforma estructural del sector cinegético. En ese sentido, espera que los políticos se sensibilicen y pongan en marcha la maquinaria con urgencia para que, entre otras cuestiones, no se acentúe el descenso generalizado del número de cazadores.

ACEC Por la Caza y su Preservación


NOTICIA RESPALDADA POR LA
Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC)

 

 

 

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