UNAC, Unión Nacional de Asociaciones de Caza, una vez visto el Anteproyecto de Ley de Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad que pretende llevar al Parlamento la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quiere mostrar su profunda preocupación por la clara criminalización, que una vez más, se hace de la caza y de los cazadores.

El espíritu de la Ley se basa, precisamente, en la prohibición de la caza con carácter general, así como la restricción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que tradicionalmente se han venido desarrollando en las zonas declaradas como Red Natura 2000. En pocas palabras, supondrá la ruptura total con los medios tradicionales de gestión de estos territorios y el comienzo de la despoblación rural definitiva del campo español.

La aplicación de esta Ley supondrá, paradójicamente, la consecución de los objetivos opuestos a lo que pretende el Ministerio de Medio Ambiente, puesto que alterará gravemente el sistema actual de aprovechamientos tradicionales que estas zonas vienen aplicando desde tiempos ancestrales.

La aplicación de esta Ley, también supondrá un castigo a todos aquellos que se preocuparon de cuidar y mantener en condiciones óptimas hasta nuestro días los terrenos incluidos en Red Natura 2000, premiando con el agravio comparativo que se genera a todas aquellos propietarios y comunidades que han infringido graves alteraciones sobre los hábitat y el medio ambiente en que viven. Esta Ley es, por tanto, una Ley contraria al Medio Ambiente y del Mundo Rural Español.

La criminalización que se hace de la actividad cinegética en esta Ley, conllevará necesariamente a la movilización de todos los cazadores en contra de las medidas que en ella se contienen, por lo que UNAC va a comenzar a establecer contactos con otras asociaciones del mundo rural con objeto de coordinar las movilizaciones que se puedan llevar a cabo. UNAC desea que la ministra de Medio Ambiente aplique el mismo sentido común que ya aplicaron otras ministras como la de Sanidad, y retire el Anteproyecto para evitar que se provoque una crisis medioambiental, social y económica de dimensiones catastróficas para el mundo rural español.

 

 

 

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